Sobre este episodio
Liliana Ortega, abogada, defensora de derechos humanos y fundadora de COFAVIC, aseguró que la nueva providencia que pide a las ONG dar información sobre sus víctimas, criminaliza a las organizaciones por ser solidarias. «Con esta providencia se va a una oficina donde ya hay una precalificación y se elimina la presunción de inocencia» añadió. Ortega indicó que esta situación pretende maquillar las gravísimas restricciones que siguen presentándose al trabajo de las ONG. Señaló que las organizaciones no gubernamentales no se apegarán a una previsión sublegal. «Las organizaciones no nos vamos a someter a ese registro y no entendemos como toman esta medida en medio de la intención de unas negociaciones» acotó. La fundadora de COFAVIC insistió en que esta providencia mantiene temas centrales para el trabajo libre e independiente de las ONG «Como organizaciones, tenemos nuestro registro oficial, esto viola el principio de confidencialidad» recalcó. Resaltó que están en la primera línea de la defensa de los más desfavorecidos, suplantando y cooperando en muchos casos, con el Estado «Las ONG no estamos defendiendo nuestro trabajo sino el servicio que ofrecemos» destacó. Hizo énfasis en que en Venezuela no hay protestas porque las ONG están entregando comida, medicinas y velando por los venezolanos. «La reparación integral de las víctimas, sigue siendo una herida abierta en Venezuela» añadió. También te puede interesar: Provea alerta que nueva resolución pone en sospecha a ONG´s y criminaliza cooperación internacional Marino Alvarado, abogado, activista y miembro de la directiva de PROVEA, aseguró que la nueva resolución, impuesta por el gobierno venezolano, pide infomación confidencial, como nombres y direcciones, de las victimas y beneficiarios de las organizaciones civiles. «Esta resolución es la continuidad de un cerco a las organizaciones de la sociedad civil» indicó.
